Docente acusada de lesión de confianza

Por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, la fiscala Juliana Giménez Portillo presentó imputación contra la exdirectora del colegio Jesús Is The Savior (JIS) de Ciudad del Este, Ramona Stela Ramírez de Ortellado.

Fiscala Juliana Gimenez

 

Así divulga la pagina oficial de la Fiscalia. Fue a raíz de una denuncia formulada por la propietaria del centro educativo, la oriental Eunice Sun Hee Chun Yun.

Refiere despues que, según la investigación, el 2 de enero de 2010, la ahora procesada asumió como directora general del colegio JIS, a través de un contrato firmado con la propietaria. Luego, el 29 de abril de 2013, Sun Hee otorgó un poder general a Ramona Stela para administrar la institución educativa, considerando que la misma se ausentaba frecuentemente del país por tiempo prolongado, yendo y viendo de manera esporádica.

Añade que, en julio de 2016, Sun Hee se radicó nuevamente en Paraguay por lo que comenzó a verificar la situación del colegio, debido a que le llamó la atención de que contaban con buena cantidad de alumnos, y sin embargo no podían salir de las deudas e incluso recurrían a donaciones para cubrir los gastos de la institución. Ante la duda surgida, la extranjera contrató los servicios de un auditor y pudo detectar un faltante de 123.559.019 de guaraníes.

A raíz de esto, el 26 de setiembre de 2016 convocó a Ramona Stela Ramírez a fin de pedirle una explicación, y esa vez le refirió que contaba con algunas facturas para justificar  los gastos, pero no con la totalidad. Finalmente, la denunciada firmó 36 pagarés por 2.982.723 guaraníes en concepto del faltante del año 2013. Sin embargo, días después Ramona Stella Ramírez, acompañada de otra persona fue hasta el colegio y de manera agresiva amenazó con mandar intervenir la institución y se negó a reponer el dinero faltante.

Dice también que la oriental presentó la denuncia formal en el Ministerio Público y la fiscala Juliana Giménez, tras reunir varios elementos de pruebas, presentó la imputación contra la sospechosa. La representación pública solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para la encausada, y de igual modo pidió 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.