Ex-ministro de nuevo sorteó una audiencia

De nuevo fue suspendida y ya por quinta ocasión la audiencia preliminar que debía de afrontar el exministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, José María Orué Rolandi, quien esta procesado por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.

El trámite se debía de cumplir este miércoles 15. Esta diligencia, dice el informe del Ministerio Publico,  tendría que ser realizada en el marco de la carpeta fiscal abierta por supuesto perjuicio a las arcas del estado de más de 6.600 millones de guaraníes.

La fundamentación de la suspensión de la audiencia- añade el reporte oficial-  se debió a que la defensa técnica de una de las procesadas, Nancy Lucina Godoy recusó al juez Penal de Garantía Julián López. La misma presentó en otras cuatro oportunidades incidentes y planteamientos con los que logró aplazarlas.

Recuerda mas adelante que en  la causa también se encuentran procesados, la directora de Planificación, Laura Aida Gamarra; la nutricionista Gloria Betina Arroyo Vázquez; la jefa de Evaluación, María Araceli Cotillo Rolón; el director administrativo, Carlos Alberto Centurión González; la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Nelly Justina Cano Florentín; la presidenta de la firma Granos y Aceites, Julia Carolina Velázquez Ayala; la vicepresidenta de dicha empresa, Karina Fabiola Gómez Fretes y la representante legal, Nancy Lucina Godoy Adorno.

Según consta en los antecedentes, el 12 de diciembre de 2012, Orué habría autorizado a la Dirección General de Administración y Finanzas iniciar el procedimiento para el llamado a licitación por subasta a la baja electrónica. El llamado fue supuestamente ejecutado sin la realización de cálculos de proyección de insumos alimenticios que serían necesarios para el cumplimiento de los programas Abrazo y PAINAC, teniendo en cuenta que el pedido presentado por la nutricionista de la Dirección de Protección y Promoción de Derechos de dicha Secretaría, Sandra Burgos, encargada de realizar el cálculo para los programas, fue solo para la elaboración del menú alimentario que sería proporcionado a los niños durante el transcurso del año 2013. Sin embargo, el llamado a licitación fue realizado de forma plurianual, y el pedido confeccionado para un año fue modificado para dos. De esto surgió el indicio de que hubo presuntamente un cambio, de tal manera que el contrato pueda extenderse para así utilizar la totalidad de lo presupuestado para el rubro.

El 27 de diciembre de 2012, el hoy encausado designó como miembros del comité de evaluación de ofertas para el llamado de adquisición de productos alimenticios a Gamarra, Arroyo, Cotillo y Centurión. Si bien se presentaron cuatro empresas oferentes, Granos y Aceites SACIA fue adjudicada en 11 de los 12 lotes, presentando en la mayoría el precio más alto o siendo la única oferente.

Por otro lado, se habría hecho un contrato cerrado cuando no se sabía la cantidad de beneficiarios y además los productos adjudicados no cumplen supuestamente con el plan nutricional adecuado, ya que se adquirieron algunos productos de más y otros nunca fueron entregados.

Representa al Ministerio Público la agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo, finaliza el informe.