Informes sobre compra de motocicletas

Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide informes a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), acerca de la compra de motocicletas para la Policía Nacional. El documento fue presentado por el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), divulgó en los últimos días Comunicaciones de la Cámara Baja.

“Se requiere informes a la Entidad Binacional Yacyretá sobre los procedimientos para la compra de motocicletas para la Policía Nacional, con detalles del llamado a licitación y se consulta cuáles fueron los procedimientos para la adjudicación; las empresas que se presentaron al llamado; el costo por unidad de las motocicletas adquiridas y sus respectivos accesorios; entre otros puntos”, explicó el proyectista.

Acotó que se trata de la utilización de 1.5 millones de dólares en la adquisición de estas motocicletas para la Policía Nacional, alude la información originada en la instancia legislativa.

“Lo complicado y ruidoso del tema es que se advierte que se habría, prácticamente, asaltado el proceso de licitación, que nunca se hizo un concurso público de precios y lo peor del caso es que habría sido de una manera irregular y direccionada para una empresa vinculada con el Presidente de la República. Me refiero a la empresa de Javier Bernardes, quien es conocido en el mundo económico nacional e internacional como el mago, el súper dotado de la economía, pues de humilde y modesto vendedor de películas se convirtió en un gigante propietario de varios medios masivos de comunicación y ahora importador, administrador y vendedor de motocicletas”, agregó el diputado del PLRA.

Dijo que correspondía solicitar informes a la Entidad Binacional Yacyretá para tener datos concretos sobre la licitación.“Las malicias y las sospechas solamente recibimos de los medios periodísticos, no tuvimos informe oficiales, por eso urge que nuestra cámara remita este pedido de informes”, apuntó.

El legislador Walter Harms (ANR-Itapuá), dijo estar de acuerdo con la transparencia, siempre, pero no con prejuzgar y hacer acusaciones.

“Estoy en la línea de la transparencia, en concordancia con quienes quieren información respecto al dinero que es público, pero no estoy de acuerdo cuando se prejuzga y se quiere hacer juicio de valor respecto a una persona por su capacidad de trabajo. No me gusta la ironía y la definición porque simplemente una persona se dedica a trabajar y tiene una empresa que tiene la distribución de una marca reconocida de motocicletas en el mundo. Podemos pedir todos los informes que queramos, pero escudarnos en nuestros fueros y descalificar a personas de trabajo, me parece absolutamente improcedente. No obstante, acompaño este pedido de informes”, dijo. Los informes se deben remitir en un plazo de 15 días. concluye.