Destruyen mercaderías en deposito de fiscalía

El Ministerio Público informó este lunes que se procedió a la destruccion de mercaderías incautadas, tras la denuncia formulada por la firma internacional ANDREAS STIHL & CO.KG, propietaria de la marca Stihl, sobre el supuesto ilícito de violación de los derechos de marca.

El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Nancy Salomón Marín y tras la presentación del abogado Sergio Fernández, de la mencionada firma.

La diligencia fue llevada a cabo en el depósito de evidencias La Piedad del Ministerio Público, ubicado en Asunción, en donde fueron destruidas 170 unidades de motosierras con accesorios y 300 cadenas para motosierras incautas del depósito Puerto Caacupemí. El valor estimativo del total de las mercaderías destruidas, en el caso de comercializarlas en el mercado como original rodarían los 80 mil dólares, alude el reporte de la Fiscalía.

Según consta en la carpeta fiscal, el 19 de setiembre de 2016 se prosiguió con la verificación del contenedor denunciado, en dicha oportunidad la agente fiscal interviniente dispuso que las mercaderías que atentarían contra los derechos de los titulares de la marca STIHL sean separados del contenedor y queden retenidas en el depósito del Puerto Caacupemí, hasta obtener la orden de secuestro. Las mercaderías se encontraban depositadas en 91 cajas, sigue diciendo el informe.

Posteriormente, la representante del Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento del depósito del Puerto Caacupemí, a fin de proceder al secuestro de las cajas con mercaderías que contaban detalles de la aparente controversia con las leyes de propiedad intelectual, las cuales fueron transportadas en el contenedor, asignado a la firma Pacific Import S.A.

El 20 de octubre, la fiscal Nancy Salomón dispuso la realización de la Pericia Marcaria y para el efecto fue designado el licenciado Diego Pérez Bernal, quien concluyó que los productos incautados no reúnen todas las características de originalidad de la fábrica de la marca STIHL. Además, la representante del Ministerio Público solicitó a la Administración de la Dirección Nacional de Aduana, apostada en el Puerto Caacupemí, todos los datos obrantes en dicha institución con respecto al importador responsable del contenedor.

Igualmente, fue remitido a la Subsecretaria de Estado de Tributación un requerimiento en el que la fiscal encargada de la investigación solicitó que fueran informados todos los datos obrantes sobre la firma Pacif Import S.A. Dicha dependencia contestó mediante una nota en la cual informó los datos de los representantes legales de ella.

Finalmente, la fiscal interviniente solicitó al juez Penal de Garantía competente la autorización para la destrucción de las mercaderías de origen falsificadas; conformen lo establecen la ley n°1294/98 “Ley de Marcas” y la ley n° 444 del 10 de noviembre de 1994 (acuerdo internacional de rango constitucional), concluye.